FISCALIA PARA LA JUSTICIA?

En los recientes días el Fiscal General de la Nación se ha convertido indiscutiblemente en uno de los protagonistas del acontecer Nacional, desafortunadamente no porque haya tomado decisiones o fijado posiciones oportunas y ejemplarizantes en Materia de Justicia, sino porque se ha dedicado a hacer política; Y lo más grave es que ha sido en detrimento de su función natural como cabeza del Ente Acusador del Poder Judicial Colombiano.  

El Fiscal se ha dedicado, deliberada y abiertamente, a promover la Impunidad para los Terroristas de las FARC, cuando su función constitucional lo compromete a acusar a delincuentes hasta lograr una pena acorde con la gravedad de su crimen.

Desde que cursaba en el Congreso de la república el proyecto de Marco Jurídico para la paz él fue uno de los mayores promotores de la iniciativa entre los corporados, hasta lograr con éxito su cometido, obviamente en acuerdo con el Gobierno. Con esta herramienta ha desafiado la Justicia afirmando que es posible que los Jefes Terroristas sean excarcelados y puedan participar en política con garantías de elegibilidad en las entidades públicas.

Como es bien sabido el Bloque de constitucionalidad de Colombia hace que el país deba someterse a los tratados Internacionales vigentes en materia jurídica, en este caso el Tratado de Roma que prohíbe todo tipo de indulto o impunidad para los  delitos de lesa humanidad, sin embargo,  el fiscal no tiene ningún pudor para decir que para las FARC no aplica porque no han sido condenados por estos delitos.

Es inconcebible que atrocidades como campos minados, masacres en iglesias, asesinatos de civiles, secuestros, extorsiones, niños secuestrados y reclutados para la guerra y  como pasto sexual, entre  otras tantas cosas cometidas por estos terroristas, no hayan sido condenadas por la justicia colombiana. Inquieta  la actitud insensible del Fiscal con su indulgente discurso para quienes han sido reconocidos como verdugos de la nación.

Ante esta desoladora situación surgen profundos cuestionamientos: ¿la no existencia de condenas por delitos de lesa humanidad para los Terroristas de las FARC demuestra la inoperancia del Poder Judicial? o  evidencia su complicidad con estos Bandidos,  ¿cuál ha sido la responsabilidad de la fiscalía que no ha investigado o pedido las condenas pertinentes?,  ¿cuál es el papel que el fiscal realmente está realizando en este Gobierno?, si observamos su nivel de sintonía con la política de paz del gobierno y si anexamos que en 2011, antes de ser fiscal, fue un contratista del Estado y recibió jugosas cantidades de dinero por concepto de honorarios, ¿qué nivel de independencia existe entre los poderes públicos?, con un  fiscal matriculado en  posición política al lado del gobierno, ¿qué garantías de objetividad e imparcialidad podría su institución ofrecer a un opositor?, ¿hay un debido procedimiento para controlar disciplinariamente las funciones constitucionales del fiscal general de la nación?, ¿es pertinente que esta institución, en la que debe asegurarse que haya plena Justicia, participe activamente en la definición de leyes de justicia transicional sin perder su legitimidad? , ¿es permitido que un Fiscal participe activamente en política?, ¿por qué  la FARCPOLITICA nunca se volvió a mencionar?

La impunidad, propuesta por quien debe ser el acusador para que los crímenes sean esclarecidos, castigados y reparados, hace indeleble el dolor en el corazón de las víctimas, convirtiéndose en una limitante moral a la reconciliación. No hay porque renunciar a la Justicia por alimentar la arrogancia de quienes han sido los que han aterrorizado al país por décadas, ofreciéndoles un perdón que nunca han pedido por unos crímenes de los que nunca se han arrepentido.

Los Colombianos no podemos  permanecer pasivos ante los graves acontecimientos que vulneran profundamente nuestros Derechos Constitucionales.