El Peligroso Silencio del Zorro

El silencio de Germán Vargas Lleras, ante los infortunados sucesos que experimenta el país, ratifica que no merece la favorabilidad que le endosan los Ciudadanos.

Pero, ¿qué se podrá esperar de un zorro de viejas y cuestionadas costumbres políticas clientelistas? En este Gobierno dejó promovida  una Reforma a la justicia cargada de micos, de la que injustamente pagó los platos rotos el Exministro Esguerra.  Vargas Lleras  solo sobresalió por hacer politiquería con el dinero de los contribuyentes con las famosas viviendas gratis, nefasta figura inconstitucional, que además es irracional por su forma de seleccionar  los beneficiarios.  

Colombia atraviesa una monumental crisis Integral de tipo político e institucional que ya se refleja en el comportamiento económico.

Los diálogos en La Habana no han logrado absolutamente nada positivo para el País, en cambio, para las FARC, todo ha sido ríos de leche y miel, se fortalecieron política, militar y económicamente; ahora tienen mesa alterna en el Catatumbo buscando Republiqueta a su medida.

El silencio ante todo esto  puede ser concebido como estratégico, acomodado, cómplice o cobarde, pero en todos los casos lo deja mal parado ante Cualquiera q sean sus convicciones. 

Si el silencio es cómplice, significa que hace parte del Gobierno, comparte sus posiciones, respalda las negociaciones pero le da miedo perder el respaldo de los electores, es simplemente un pusilánime. Si el silencio es acomodado, es una clara muestra de ausencia de convicciones; si es estratégico, significa que cambiará el rumbo apoyándose en el inminente fracaso de los diálogos  y sin duda alguna, tendrá que traicionar a su mentor, una práctica no muy noble, que lo deja en la posición muy baja en la escala de valores, porque ¡por ser traidor del traidor no deja de ser traidor! Y si el silencio es cobarde, mala señal para quien quiere hacerse cargo del país en esta desastrosa situación.

Por ahora Juan Manuel Santos lo tiene amarrado junto al General Oscar Naranjo en la Fundación Buen Gobierno, vigilado como rival, atendido como cómplice o acomodado por la coyuntura, lo único que es claro es que buenas intenciones no son muy comunes en quienes no entienden de valores.

FISCALIA PARA LA JUSTICIA?

En los recientes días el Fiscal General de la Nación se ha convertido indiscutiblemente en uno de los protagonistas del acontecer Nacional, desafortunadamente no porque haya tomado decisiones o fijado posiciones oportunas y ejemplarizantes en Materia de Justicia, sino porque se ha dedicado a hacer política; Y lo más grave es que ha sido en detrimento de su función natural como cabeza del Ente Acusador del Poder Judicial Colombiano.  

El Fiscal se ha dedicado, deliberada y abiertamente, a promover la Impunidad para los Terroristas de las FARC, cuando su función constitucional lo compromete a acusar a delincuentes hasta lograr una pena acorde con la gravedad de su crimen.

Desde que cursaba en el Congreso de la república el proyecto de Marco Jurídico para la paz él fue uno de los mayores promotores de la iniciativa entre los corporados, hasta lograr con éxito su cometido, obviamente en acuerdo con el Gobierno. Con esta herramienta ha desafiado la Justicia afirmando que es posible que los Jefes Terroristas sean excarcelados y puedan participar en política con garantías de elegibilidad en las entidades públicas.

Como es bien sabido el Bloque de constitucionalidad de Colombia hace que el país deba someterse a los tratados Internacionales vigentes en materia jurídica, en este caso el Tratado de Roma que prohíbe todo tipo de indulto o impunidad para los  delitos de lesa humanidad, sin embargo,  el fiscal no tiene ningún pudor para decir que para las FARC no aplica porque no han sido condenados por estos delitos.

Es inconcebible que atrocidades como campos minados, masacres en iglesias, asesinatos de civiles, secuestros, extorsiones, niños secuestrados y reclutados para la guerra y  como pasto sexual, entre  otras tantas cosas cometidas por estos terroristas, no hayan sido condenadas por la justicia colombiana. Inquieta  la actitud insensible del Fiscal con su indulgente discurso para quienes han sido reconocidos como verdugos de la nación.

Ante esta desoladora situación surgen profundos cuestionamientos: ¿la no existencia de condenas por delitos de lesa humanidad para los Terroristas de las FARC demuestra la inoperancia del Poder Judicial? o  evidencia su complicidad con estos Bandidos,  ¿cuál ha sido la responsabilidad de la fiscalía que no ha investigado o pedido las condenas pertinentes?,  ¿cuál es el papel que el fiscal realmente está realizando en este Gobierno?, si observamos su nivel de sintonía con la política de paz del gobierno y si anexamos que en 2011, antes de ser fiscal, fue un contratista del Estado y recibió jugosas cantidades de dinero por concepto de honorarios, ¿qué nivel de independencia existe entre los poderes públicos?, con un  fiscal matriculado en  posición política al lado del gobierno, ¿qué garantías de objetividad e imparcialidad podría su institución ofrecer a un opositor?, ¿hay un debido procedimiento para controlar disciplinariamente las funciones constitucionales del fiscal general de la nación?, ¿es pertinente que esta institución, en la que debe asegurarse que haya plena Justicia, participe activamente en la definición de leyes de justicia transicional sin perder su legitimidad? , ¿es permitido que un Fiscal participe activamente en política?, ¿por qué  la FARCPOLITICA nunca se volvió a mencionar?

La impunidad, propuesta por quien debe ser el acusador para que los crímenes sean esclarecidos, castigados y reparados, hace indeleble el dolor en el corazón de las víctimas, convirtiéndose en una limitante moral a la reconciliación. No hay porque renunciar a la Justicia por alimentar la arrogancia de quienes han sido los que han aterrorizado al país por décadas, ofreciéndoles un perdón que nunca han pedido por unos crímenes de los que nunca se han arrepentido.

Los Colombianos no podemos  permanecer pasivos ante los graves acontecimientos que vulneran profundamente nuestros Derechos Constitucionales.